Código de Planeamiento Urbano: «Hay 3.100 familias que esperan una vivienda»
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El municipio de San Martín de los Andes avanza en la elaboración de un Código de Planeamiento Urbano, un instrumento que busca reemplazar décadas de normativa fragmentada y establecer reglas colectivas para el crecimiento de la ciudad. Carolina Amaya, Secretaria del Instituto de Vivienda y Hábitat (IVH) Municipal, explicó los fundamentos del proceso y advirtió que la ciudad atraviesa una situación habitacional crítica: más de 3.100 familias —alrededor de 8.000 personas— demandan formalmente una vivienda.
La funcionaria señaló que el diagnóstico de partida «duele». San Martín de los Andes lleva más de dos décadas en emergencia habitacional, con un mercado de suelo urbano que se tornó inaccesible para la mayoría de la población. Según Amaya, los alquileres son caros y desregulados, y el hacinamiento se convirtió en una respuesta cotidiana: jóvenes que conviven con padres y hermanos por no poder acceder a una vivienda propia.
En ese contexto, indicó que la normativa urbana vigente tiene una responsabilidad central en la situación. «Seguimos regulando la ciudad con una lógica de hace medio siglo, a través de una sucesión de ordenanzas centradas en la geometría parcelaria», sostuvo. Describió ese sistema como «un rompecabezas que se completa cada vez que un propietario pide indicadores para subdividir», y subrayó que esa lógica ya no responde a los desafíos actuales.
Crecimiento sin planificación y desigualdad estructural
Amaya describió el patrón de expansión urbana actual como una extensión sin estrategia: la ciudad sigue fraccionándose en lotes de 1.000 m² a los que accede una minoría, mientras el crecimiento demográfico avanza de forma inexorable. Neuquén, señaló, es «tierra de oportunidades», y San Martín de los Andes actúa como un atractor por su mercado laboral y su paisaje. Pero ese crecimiento, sin regulación adecuada, profundiza las desigualdades existentes.
Frente a ese escenario, el Código apunta a desplazar el eje desde la lógica individual —donde cada propietario decide según sus intereses— hacia una construcción colectiva. «No podemos seguir sosteniendo que la ciudad se reproduzca a partir de las voluntades individuales de cada propietario», afirmó la funcionaria. «Esa es una discusión de fondo: ¿esa es la esencia que queremos como comunidad?»
Un nuevo pacto social para el territorio
El Código de Planeamiento Urbano se presenta, según Amaya, como la expresión normativa de un nuevo pacto social. Un proceso que involucra dimensiones históricas, políticas y sociales, y en el que la comunidad define nuevas reglas, orienta la visión de ciudad y establece derechos y obligaciones compartidas.
«Lo que acordamos en abstracto —equidad, desarrollo, ambiente— se materializa en el territorio», explicó. Desde esa perspectiva, la ciudad no es simplemente un conjunto de formas físicas o registros catastrales: es una construcción social cuya configuración espacial refleja el pacto vigente entre sus habitantes, con sus alcances y sus contradicciones. Hoy, afirmó, esas contradicciones «están muy visibles en el acceso a la vivienda».
